Lotes para la polémica
La SCA ha criticado duramente la intención de la Ciudad de vender tres terrenos en Catalinas Norte, cambiando antes la normativa urbanística. Pero incurre en inexactitudes y omisiones.
Marcelo Corti. Arquitecto y urbanista, trabaja desde 2004 en áreas técnicas del GCBA
La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) ha expresado públicamente su opinión acerca de la ley aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña por la cual se modifica la normativa urbanística para tres terrenos de propiedad de la Ciudad en Catalinas Norte y se autoriza su venta con el objeto de proveer fondos a las partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura educacional. La declaración sostiene que este proyecto implica "graves consecuencias" sobre las que se considera indispensable informar a la opinión pública.
Con argumentos "políticamente correctos", la SCA incurre sin embargo en una serie de inexactitudes y omisiones que creo necesario aclarar. La SCA es la organización profesional de arquitectos más antigua y reconocida del país; un planteo incorrecto de la entidad significa un retroceso en la capacidad institucional de la disciplina para insertarse en las discusiones relativas al futuro de nuestras ciudades.
Sostiene la declaración que "el conjunto urbano de Catalinas Norte es un ejemplo de proyecto urbano de los años 60 diseñado por un equipo de notables arquitectos y urbanistas y, como tal, planteaba con particular detalle y a escala urbana la relación entre las torres y el espacio libre, dedicado a servicios y espacio público". Esto es cierto, pero también lo es que en la práctica el proyecto efectivamente ejecutado se limitó al loteo de unas parcelas para la edificación de torres de oficinas, simplemente apoyadas sobre un vacío urbano sin atributos. Carente de servicios, amenidades y de toda calidad urbana, el basamento de Catalinas Norte es un desierto inhóspito, negado a la fruición ciudadana y apenas utilizado por quienes trabajan en las torres.
Según la SCA, la Ley de sanción inicial propone realizar en los tres terrenos "alturas que duplican a las torres existentes". Sin embargo, las alturas máximas admitidas por la Ley son de 100 metros en dos de los terrenos y de 150 en el restante, mientras que la mayoría de las torres construidas en Catalinas Norte superan los 100 metros de altura (137 metros, en el caso del edificio BankBoston).
No es serio que una entidad de arquitectos cometa un error tan elemental. Quizás la confusión se origine en los 73 metros que la normativa existente y la propuesta indican como alturas mínimas para el distrito, dimensión largamente superada por los edificios construidos: una nota en un diario, que no es Clarín, incurrió en el mismo error al comentar la sanción inicial (esa misma nota aludía a la posibilidad de ceder un 40% de los predios para espacio público como "jardinería gratis: la ciudad se hará cargo de parquizarlos", criterio muy desafortunado acerca del carácter social y cultural del espacio público urbano).
Siguiendo con la opinión de la SCA, la Ley hace desaparecer "este espacio urbano necesario", cuando en realidad se trata de terrenos de dominio privado actualmente usados por concesionarios para su lucro particular (concesiones de generosa laxitud y escaso rédito para la Ciudad). Sin embargo, serían para la SCA "servicios existentes" que se quitan a la zona: son en realidad dos estacionamientos y una estación de servicio, usos que el Plan Urbano Ambiental propone restringir. Se critica también el "hiper congestionamiento de áreas ya sobrecargadas", caracterización poco feliz del Centro y de la zona mejor localizada del país y más servida por transporte público.
Acierta en cambio la SCA en asegurar que "Catalinas Norte debe ser protegido y revalorizado, con la mejora de los espacios urbanos existentes, retomando la idea del basamento que figuraba en el proyecto original, proveyendo los servicios complementarios necesarios para las miles de personas que ya trabajan en el área, dándole mayor vitalidad a la zona y mejorando sus espacios públicos que son los aspectos negativos de la actual situación urbana". Estos objetivos son absolutamente compatibles con los de la Ley de Sanción Inicial y bien podrían ser la propuesta que lleve la entidad a la Audiencia Pública que ahora debe realizarse.
Pero recayendo en la incoherencia, la declaración continúa expresando su extrañeza por que "el GCBA envíe esta iniciativa al mismo tiempo que convoca a un concurso de ideas para el área de Dársena Norte, en la cual este conjunto está incluido". Sin embargo, las propias bases del Concurso que organiza la SCA señalan la existencia del proyecto de Ley que se critica, sin realizar ninguna objeción ni considerarlo incompatible con el requisito (absolutamente válido) de "rescatar la permeabilidad y conectividad de este sector y su articulación con la trama urbana tradicional, Empalme Norte, los bordes de Dársena Norte y Puerto Madero", también expresado en las Bases.
Llama la atención que en ningún momento la SCA haga referencia a uno de los aspectos más positivos de esta Ley Inicial: que a diferencia de nefastas experiencias anteriores, algunas de ellas tan cercanas a Catalinas Norte como el predio de Tandanor, el cambio de normativa es realizado con anterioridad a su venta y, por lo tanto, el mayor valor inmobiliario resultante es captado por el Estado local y no por un privado. Y llama la atención que la SCA considere problemático realizar torres en Catalinas Norte cuando en los recientes conflictos acerca de los edificios en altura en varios barrios de la Ciudad su postura fue la defensa a ultranza de los intereses de propietarios y desarrolladores por sobre la preservación de la calidad urbana.
No está mal que la SCA tenga una visión crítica sobre las políticas urbanas de la Ciudad; debería expresarse más a menudo en ese sentido (y sin que la crítica dependiera de si la convocan o no a organizar un concurso). Pero sus comentarios no pueden estar exentos de la necesaria precisión y seriedad técnica.
Link