El conflicto llegó a la Justicia
Crece la pelea entre Macri y el Gobierno por la villa de Retiro
La ciudad denunció al Estado nacional
Habitantes de la villa fabrican ladrillos con el material que desechan los camiones de la cementera
En un nuevo capítulo de su enfrentamiento con la Casa Rosada, el gobierno porteño denunció penalmente al Estado nacional por haber incumplido de forma "pertinaz, reiterada y manifiesta" la norma constitucional que regula los derechos a una vivienda digna, a la salud y a un ambiente sano de los habitantes de las villas 31 y 31 bis, situadas en la zona de Retiro.
El jefe de gobierno local, Mauricio Macri, dio así otro paso en su intervención en esos barrios marginales asentados sobre jurisdicción nacional, después de que el viernes clausurara allí una planta cementera y un corralón de materiales. Ayer también presentó una denuncia penal contra la cementera por usurpación del predio.
En la demanda, planteada ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, el gobierno de la ciudad denunció la situación de riesgo para las 8100 familias que viven en esas villas. Consideró que el Estado nacional, titular de las tierras en cuestión, tampoco cumplió con su deber de ejercer el poder de policía en el asentamiento, por lo que hoy, expresó, "existe peligro inminente de que suceda una catástrofe".
"Tenemos una dificultad operativa para ejercer el poder de policía en la 31
y la 31 bis, porque necesitamos el auxilio de la policía, que es una fuerza nacional. Al mismo tiempo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque hay un peligro cierto para la vida de las personas dentro de la villa", explicó Fabián Rodríguez Simón, jefe de gabinete del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.
Y continuó: "La Academia Nacional de Ingeniería ya advirtió sobre la posibilidad de accidentes catastróficos por la proliferación de edificaciones en altura sin cimientos ni los más mínimos cálculos estructurales. El Estado nacional debe dar una respuesta".
El funcionario recordó que, según un relevamiento realizado por el gobierno de la ciudad, en las mencionadas villas hay 500 casas de más de dos niveles, "con pisos apilados uno sobre otro como cajas de zapatos", y que algunas de ellas ya alcanzan las seis plantas. Más de 80 tienen entre cuatro y seis pisos, reveló.
Las construcciones precarias, combinadas con las vibraciones producidas tanto por el paso del tren como de los autos sobre la autopista Illia, más un suelo poco estable y de baja resistencia, configuran -según las autoridades porteñas- un escenario en el que el peligro de derrumbre resulta predecible.
Avisos
La denuncia fue redactada por la Procuración General de la ciudad. El procurador adjunto en lo contencioso administrativo Torcuato Sozio aclaró que, en la presentación judicial, se hace referencia a esta posibilidad de prever que ocurrirá un desastre y a los avisos que la ciudad viene dando al respecto. "Para nosotros es un potencial Cromagnon. Y ya se sabe de antemano quién será el responsable", señaló el abogado al hacer referencia al destinatario de la denuncia de ayer.
Rodríguez Simón sostuvo que, además de los peligros edilicios, los habitantes de los asentamientos corren riesgo eléctrico (por conexiones clandestinas) y sanitario, por las condiciones de higiene y ambientales.
"Es necesario intervenir en las villas 31 y 31 bis para prevenir un desastre. Hubo una explosión de construcciones que afectan a los habitantes históricos de los asentamientos. Hasta donde pudimos reconstruir, los pisos nuevos que se elevan tienen un propósito comercial, ya que luego se alquilan", aclaró el jefe de gabinete de Piccardo.
Por todo esto, en su demanda penal, el gobierno porteño identificó las irregularidades y solicita a la Justicia que ordene el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad sobre las construcciones y de las normas que garantizan a los residentes de los asentamientos los derechos humanos básicos, "cuya protección el Estado nacional pregona privilegiar, pero en este caso soslaya", expresa la administración de Macri en el escrito judicial, al que tuvo acceso LA NACION.
También pide que se ordene la demolición de las edificaciones que implican un riesgo para la vida de las 40.000 personas que habitan en las villas 31 y 31 bis de Retiro, así como la facilitación de las fuerzas de seguridad para ingresar en los asentamientos.
Fiscalización
El gobierno de la ciudad ya realizó varios operativos de fiscalización dentro de ambas villas, con colaboración de la Policía Federal. El viernes pasado, la Agencia Gubernamental de Control clausuró preventivamente una sede de la Cementera Avellaneda por falta de habilitación comercial y por insuficientes medidas de seguridad, además de un corralón perteneciente a un habitante del asentamiento.
La hormigonera trabaja pese a la clausura parcial
Si bien las personas que recibieron a los inspectores del gobierno porteño en la cementera adujeron tener un permiso del Organismo Nacional de Administración de Bienes Estatales, el director ejecutivo del Onabe, Fernando Suárez, negó la existencia de un contrato vigente en ese sentido.
"Son todos intrusos. Puede llegar a haber algún galpón heredado, pero no existe ningún contrato actualizado. Mauricio Macri tiene todo el derecho del mundo y aun la obligación de clausurar todo lo que haya en la villa 31. Si lo cierran, bienvenido, y si los hace demoler, bienvenido", había dicho Suárez a LA NACION.
Los equipos de Macri avanzaron ayer en ese sentido. Además de denunciar al Estado nacional por no intervenir en las villas 31 y 31 bis, la Procuración General de la Ciudad también denunció por usurpación a la Cementera Avellaneda ante la justicia penal, contravencional y de faltas porteña.
"La situación de la fábrica no tiene nada que ver con la de los habitantes de la villa. La cementera usurpó un predio para hacer un negocio de manera clandestina. Por eso, avanzamos con la denuncia. Los residentes construyen sus viviendas por necesidad", aclaró Rodríguez Simón.
El funcionario aprovechó para volver a desafiar al gobierno nacional. "La usurpación es un delito de acción pública, o sea que cualquiera puede impulsar la acción legal, no necesariamente el damnificado. No entendemos por qué el Onabe, si considera que son intrusos, no los denunció", dijo.
En su desembarco en las villas 31 y 31 bis, el viernes pasado, el gobierno porteño también cerró el corralón mencionado. Y, anteayer, la Agencia de Protección Ambiental clausuró un local de acopio y venta de garrafas, por el peligro que encerraba.
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